Las cifras publicadas hoy por el CGPJ, han descendido respecto a años anteriores pero son tan engañosas como alarmantes, con grave aumento de las ejecuciones hipotecarias.
Desde el comienzo del estado de alarma, el confinamiento, y las primeras medidas de protección aprobadas por el gobierno, la PAH estuvimos repitiendo machaconamente, que NO estaban suspendidos todos los desahucios. Nos estuvieron ignorando hasta que en setiembre, los datos sobre desahucios del CGPJ tristemente nos daban la razón.
Gracias a la presión y la denuncia, en diciembre, forzamos que el gobierno aprobara dos nuevos reales decretos ley, que aumentaban la protección de las inquilinas al tiempo que dejaban desprotejidas de los efectos de la COVID-19 a las familias hipotecadas. Lamentablemente llegaban tarde para muchas familias que, de habernos hecho caso antes el gobierno, no se habrían visto desahuciadas.
Estos 29.406 desahucios se desglosan en:
- 6.915 derivados de ejecución hipotecaria
- 21.145 derivados de alquileres
- 1.346 por otras causas.
Estas cifras son escandalosas teniendo en cuenta que, en el período de marzo a junio, no hubo actividad judicial. También son una muestra del fracaso del cacareado escudo social, según el cual no debería haber habido ningún desahucio durante la pandemia. En pocos días hará un año que saltó el estado de alarma que aún no tiene un claro final en el horizonte. Los estragos de la crisis económica derivada son cada vez mayores, la tasa de paro está en índices históricos, la precariedad es cada vez mayor, pero sigue habiendo desahucios y seguirán.
Preocupante es el incremento del 17,5% de nuevas ejecuciones hipotecarias. Otra evidencia de la situación de las familias empujadas a perder su hogar. Esto, sin duda, es fruto de las triquiñuelas del Tribunal Supremo sobre la abusiva cláusula de vencimiento anticipado y la vigente ley de crédito inmobiliario. Una ley iniciada por Luis de Guindos y concluída por Nadia Calviño, que, con diferentes tiempos, permite al banco ejecutar por la totalidad de la deuda pendiente, y concluir el procedimiento con el desahucio de la familia, que como antes, mantendrá con el banco una deuda impagable y de por vida. Esto, a pesar de la deuda impagada a la sociedad por la banca, que según el banco de España asciende a más de 62 mil millones de euros.
Estos datos y la muy negra situación a futuro, nos ratifica en las exigencias que, junto a la Iniciativa por una Ley de vivienda que garantice el Derecho a una vivienda digna y adecuada, que van mucho más lejos del simple control de precios del alquiler, tema mediático central y que por supuesto incluimos. La futura ley, debe además incluir estos otros 7 puntos irrenunciables para nosotras:
- Debe garantizar el Derecho efectivo a la Vivienda
- Se deben suspender todos los desahucios de familias o personas vulnerables sin vivienda alternativa
- Debe servir para crear un Parque Público para vivienda en alquiler asequible y social
- Tiene que garantizar el acceso a los suministros básicos incluidas las telecomunicaciones
- Desarrollar mecanismos de segunda oportunidad real para deudores hipotecarios
- Ampliar la asignación presupuestaria para vivienda, a lo que se debe destinar también una parte de los Fondos Europeos de recuperación y
- Crear fórmulas de participación ciudadana en el desarrollo de futuras políticas de vivienda.
Vemos muy lejos un acuerdo en el Gobierno, para elaborar una ley con estos contenidos. Por ello nos vamos a movilizar en todo el estado el próximo 20 de marzo, para que se enteren el presidente Sánchez, y las ministras Calviño y Ábalos cuyas declaraciones van en dirección apuesta.
Urgen medidas que acaben urgentemente con los desahucios y herramientas para dar respuesta a la emergencia que sufrimos y seguiremos sufriendo, mientras se legisle a favor de las élites capitalistas, la banca y los fondos buitre, dejando de lado a las personas.
