ACTUALIZACIÓN: Mientras publicábamos este comunicado, ha sido difundido también en la sección web de los acuerdos del Consejo de Ministros , que en su sesión de hoy 5/12/2022 el Gobierno del estado ha acordado impugnar el alquiler social obligatorio por los casos de empleos. Es una vergüenza que antes de quedar agotado el plazo, ya se apueste por recorrer una medida de la que dependen cientos de alquileres sociales de familias muy precarias. ¡Exigimos que se agoten las 48h que quedan para llegar a un acuerdo que evite el recurso y que se rectifique este grave ataque del derecho a la vivienda!
La Generalitat y el Gobierno español de Unidas Podemos y PSOE negocian hace meses en una Comisión Bilateral para evitar un recurso contra la ampliación de la ley catalana antidesahucio (Ley 1/2022) aprobada el pasado mes de marzo. El plazo para llegar a un acuerdo termina este miércoles 7 de diciembre. La ampliación del alquiler social en las finalizaciones de contratos de alquiler, renovaciones de alquiler social y en algunas situaciones de recuperaciones, siempre que cumplan requisitos específicos, ya fue impugnada por parte de: VOX y el PP, el pasado mes de septiembre.
A menos de 48h que termine el plazo, los escenarios posibles son dos:
-Que se llegue a un acuerdo interpretativo final que haga decaer un posible recurso por parte del Gobierno.
-Que el Gobierno de coalición decida impugnar la ley ante el Constitucional, tal y como ha planteado ya la ultraderecha obedeciendo a los designios de la banca y de los buitres.
Sería difícil entender que un gobierno formado por dos partidos que se llaman progresistas y que el pasado mes de marzo votaron a favor de aprobar esta ley en el Parlament de Catalunya sean ahora impulsores de una posible impugnación de la ley o de alguna de las medidas que incluye en el Tribunal Constitucional en línea con la ultraderecha. Más aún cuando esta ley ha demostrado su utilidad en cifras: según un informe presentado por las entidades impulsoras el pasado mes de julio.
La ley catalana habría detenido entre 5.000 y 11.000 desahucios al año y 200.000 cortes de suministros en Cataluña a pesar de las impugnaciones y derogaciones que ha sufrido en estos años. Esto se traduce en miles de familias que han evitado caer en la extrema pobreza y el sinhogarismo en medio de dos crisis, la de la cóvid-19 y la inflacionaria.
¿Cómo es posible que un gobierno que hace tan sólo dos días prometía tomar medidas de urgencia para evitar las consecuencias de la crisis ahora amenace boicotear las leyes, aprobadas por la mayoría de un Parlamento, que precisamente ayudan a las familias más vulnerables?¿ Éste es el mensaje que quieren transmitir a las entidades y movimientos sociales, que exigimos hace meses que el alquiler social obligatorio para detener los desahucios se extienda a todo el estado con su incorporación a la Ley Vivienda?
Mañana, 6 de diciembre, es el día que se celebra la aprobación de la Constitución Española . Aprovechamos para apelar a la responsabilidad de las instituciones para hacer cumplir con el artículo 47 del texto: “ Todos los españoles y españolas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos ”.
La ciudadanía no entendería que el resultado posibilite. sea que se ejecuten miles de desahucios en Catalunya.
¡No podemos perder ni un alquiler social!
Exigimos al Gobierno del estado que no impugne la ley: ¡está en juego el derecho a la vivienda de muchas familias! ¡Es hora de estar a la altura de la situación!
