Movimientos de vivienda, sindicatos laborales, Mareas, Pensionistas, Sanidad, ONG y decenas de organizaciones, hacemos frente común de presión ante el anuncio de la inminente Ley de Vivienda anunciada por el PSOE.
El Gobierno está preparando la llamada Ley por el Derecho a la Vivienda; de hecho, parece que el borrador de la ley entrará en el Consejo de Ministros de manera inminente y se remitirá de inmediato al Congreso para su debate y aprobación.
Tras 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, debemos remarcar que la nueva Ley será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el Derecho en todo el territorio. No dejaremos escapar la oportunidad que brinda la elaboración de la primera ley estatal en la materia para conseguir un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental.
La crisis habitacional es innegable: Más de 32.000 personas sufriendo sinhogarismo, 12 millones de personas en riesgo de exclusión social, más de 1 millón de desahucios entre 2008 y el 3Tr del 2020, muchos agravados con cláusulas abusivas y ejecutados con una legislación contraria a los estándares europeos sin importar que hubiera menores o ancianos dependientes. Por eso, las abajo firmantes no estamos dispuestas a permitir que sean el sector financiero, las grandes inmobiliarias y los fondos buitre quienes dicten el texto de esta Ley. Contra las presiones de los especuladores, llamamos a la gente de a pie a sumarse a la movilización necesaria para asegurar la protección de este Derecho humano en nuestro país.
En España, el 36,1% de la población destina más del 40% de sus ingresos al pago de vivienda y suministros básicos, y otros miles de hogares jóvenes ni siquiera pueden formarse, de hecho únicamente el 18,5% de la población entre 18 y 29 años se ha emancipado por las enormes dificultades para acceder y mantener una vivienda estable.
Mientras según el INE (2011) hay 3,4 millones de viviendas vacías, muchas de ellas en manos de grandes tenedores, el Parque de Vivienda Pública y Social es entre 7 y 10 veces menor que el de otros países desarrollados de Europa.
En el estado español las viviendas sociales representan un 2,5% del parque de viviendas principales, nada que ver con los porcentajes de algunos países europeos de nuestro entorno (Holanda 30%, Austria 24%, Reino Unido 17,6%. Francia 16,8%).
Después de haber entregado más de 60.000 millones de dinero público para el rescate bancario que no han sido devueltos, es de justicia que la nueva Ley haga frente a la emergencia habitacional que sufrimos. Garantizando, así, una vivienda para quien lo necesite mediante un presupuesto suficiente en políticas de vivienda pública y estableciendo mecanismos legales que obliguen, a los responsables financieros de la crisis inmobiliaria y a los grandes tenedores de vivienda, a asumir responsabilidad social y evitar nuevas burbujas especulativas.
Llevamos demasiados años sufriendo a quien pone sus beneficios privados por encima de la vida y salud de millones de personas. Es el momento de que las Administraciones públicas asuman su responsabilidad y cumplan con su deber de proteger y garantizar un derecho humano que es básico para asegurar la integridad física, la dignidad, el acceso a otros derechos fundamentales y el desarrollo personal que todos nos merecemos.
Las organizaciones firmantes de este manifiesto unimos fuerzas para lanzar una campaña estatal de movilización ciudadana y conseguir que la Ley por el Derecho a la Vivienda incluya como mínimo estas 8 medidas de aplicación directa en todo el territorio:
- La ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo.
- Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores y en el resto de casos realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos.
- Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en veinte años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria.
- Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país.
- Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna.
- Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias, y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.
- Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando como mínimo el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo.
- Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.
Es imprescindible que la Ley por el Derecho a la Vivienda incorpore estas demandas de afectadas y sociedad civil, que afectan a la dignidad de las personas y a los Derechos Humanos, blinde las legislaciones autonómicas más progresistas y de cumplimiento, de una vez al PIDESC y a los dictámenes de Naciones Unidas y de los Tribunales Europeos, sin retrasar su aplicación a desarrollos normativos posteriores.
Por imperativo constitucional y estatutario corresponde a las Comunidades Autónomas definir y desarrollar las políticas de vivienda, pero el establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda es competencia irrenunciable del Estado, debiendo ser comunes las bases de este derecho esencial, conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1.1.a de la Constitución.
Existe una mayoría social y también parlamentaria que apoya estas medidas, pero tenemos claro que sólo con la movilización de toda la población conseguiremos que esta Ley sea la garantía del Derecho a la Vivienda.
