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Las entidades promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social denuncian la voluntad del Partido Popular de aprovechar la tramitación parlamentaria de la ILP para desvirtuar las propuestas de esta iniciativa ciudadana.

El pasado viernes el grupo parlamentario del PP envió al resto de formaciones políticas una propuesta de “medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social” que desconoce las legítimas pretensiones de la ILP: dación en pago retroactiva; paralización de los desahucios que afecten a viviendas habituales de deudores hipotecarios y la posibilidad de que las personas afectadas puedan permanecer en sus viviendas en régimen de alquiler social.

La propuesta del PP que hoy martes se debate en el Congreso supone una burla a los intereses de las personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria y a la sociedad en su conjunto. Una vez más, la efectividad del derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución española y en numerosos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado español, queda supeditado a los intereses de las entidades financieras.

Pese a la aceptación a trámite parlamentario de la ILP, y desconociendo el masivo apoyo social a la propuesta, el PP elimina todo rastro de la ILP por la dación en pago y tan sólo introduce enmiendas sin trascendencia de algún otro partido. En concreto, las medidas propuestas por el grupo parlamentario del PP confirman las peores expectativas:

La dación en pago retroactiva se ha convertido en un sistema de “quitas” de imposible cumplimiento.La opción del Partido Popular desconoce la legislación europea en materia de segunda oportunidad y supone una condena financiera de por vida a cientos de miles de familias. Sin embargo, el sistema de “quitas” confirma la posibilidad de establecer una posible condonación de la deuda hipotecaria de forma retroactiva.

La paralización de los desahucios que afectan a viviendas habituales de deudores de buena deja fuera al grueso de personas afectadas. A las dificultades objetivas que supe cumplir con los requisitos para acogerse a la moratoria de dos años en el lanzamiento, se añaden además criterios de dudosa técnica jurídica. Se insiste, así, en introducir ligeras modificaciones a proyectos fracasados como el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, conocido como Código de Buenas Prácticas, y al Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. De nuevo, una familia con un menor de 3 años podrá acogerse – si cumple el resto de condiciones -, y no así una familia con dos menores de 4 años. En realidad la supuesta mejora consiste en elevar las rentas disponibles para poder acogerse a la moratoria pero bajo supuestos de difícil cumplimiento como que el ejecutado sufra una “parálisis cerebral o una enfermedad mental”.

El impulso del alquiler social entre las personas afectadas desaparece. No se contempla ninguna medida relacionada pese a que el título de la propuesta legislativa alude a la necesidad de reforzarlo.

De llevarse a cabo en los términos planteados la reforma condenará a la pobreza y la exclusión social a cientos de miles de personas. Una verdadera sangría en términos de vidas humanas y de los recursos públicos que deberán emplearse para solventar la falta de vivienda y el sobreendeudamiento de las familias afectadas.

Liberar a las familias de la condena financiera y facilitar su acceso en régimen de alquiler social a las viviendas vacías en manos de las entidades financieras contribuiría de manera decisiva a reactivar la demanda interna, el consumo y, por tanto, la economía.

En definitiva, y más allá de la figura jurídica concreta por la que se opte, resulta urgente que la tramitación parlamentaria de la ILP sirva para solventar la situación de emergencia social generada por una legislación injusta y sin parangón en los países de nuestro entorno.