Intervención de la PAH ante el grupo de trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso

Quiero, en primer lugar, agradecer en nombre de la PAH la oportunidad que se nos brinda para reiterarles a Vds. algo que por fuerza tienen que conocer: La posibilidad de ejercer en España el Derecho de acceso a una Vivienda digna y adecuada está constreñida al nivel de renta disponible de cada persona, lo que aleja a millones de personas de esa posibilidad, agravado ello por la inexistencia de un Parque Público de Vivienda (menos del 2% del total frente a una media cercana al 20% en países de nuestro entorno) destinadas a alquiler asequible y de carácter social, en cantidad suficiente para que no quede nadie sin hogar.

En definitiva, el derecho consagrado en el artº 47 de la Constitución, es un derecho de pago, a diferencia del Derecho a la Sanidad por ejemplo, para cuyo disfrute basta con el pago normal de impuestos, teniendo garantizado incluso las personas que no los pagan por carecer de ingresos, puedan utilizar la Sanidad Pública. Para acceder al Derecho Vivienda, además de pagar los impuestos, hay que poder pagar la casa, destinando a ello en muchísimos casos más del 30% del presupuesto familiar, lo que no sólo es que dificulte llegar a fin de mes, sino que es una bomba de relojería en situaciones de crisis.

La PAH somos un movimiento social con 11 años de historia, surgido como respuesta popular a la anterior crisis: la pandemia financiera que según datos del CGPJ provocó más de 1.020.000 desahucios, duras tragedias a varios millones de personas, y un número incalculable de suicidios que asolaron nuestro país en la crisis anterior. A fuerza de lucha, tesón, sufrimiento, ser criminalizados, multados…etc. conseguimos demostrar que sí se podían hacer cosas que las autoridades nos negaban: daciones en pago, alquileres sociales, recuperaciones de viviendas… Nuestra lucha sirvió también para demostrar lo injusto del procedimiento judicial de ejecución hipotecaria, o la multitud de estafas que contenían los contratos hipotecarios que eran soportadas por la legislación y la Justicia españolas, a nosotros no nos creían, y tuvo que venir el TJUE a poner un poco de orden, revocando ese injusto procedimiento, y señalando en cada una de sus sentencias sobre las cláusulas abusivas, que una Directiva comunitaria, la 93/13 seguía (sigue aún hoy) sin aplicarse en España. No sólo nos tuvimos que enfrentar a la banca, causante de la crisis, también a las autoridades que la protegieron en todo momento. Así que sabemos de lo que hablamos y de las consecuencias de no tomar medidas sociales suficientes a tiempo.

En la crisis actual, es cierto que se han adoptado medidas diferentes y positivas en la dirección de no dejar a nadie atrás. A la PAH, como movimiento social que lucha por lograr el ejercicio del Derecho a la Vivienda digna y adecuada, nos corresponde valorar las medidas aprobadas en esta área, y hemos de reconocer pasos en buena dirección, aunque de escaso alcance, muy corta duración, con trato discriminatorio y multitud de familias cuya casuística está excluida, y muy injustas, ya que hacen recaer su peso económico sobre la ciudadanía, sin intentar recuperar los más de 60.000 millones del rescate anterior, que sólo el Banco de España da por perdidos, desde luego ni la ciudadanía, ni por supuesto la PAH nos resignamos a perderlos. Además, no se incluyen medidas que garanticen el cumplimiento de los dictámenes del Comité DESC de Naciones Unidas.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

Esto no es el manifiesto de la PAH, es el artículo 47 de la Constitución de 1978, y hoy 42 años después, este derecho sigue fuera del alcance de miles de familias, porque sus rentas, las de los que las tienen, no se lo permiten, y muchísimas más, ven en serio peligro su permanencia en las que están ahora residiendo, una vez que caduquen los 6 meses de suspensión para los desahucios derivados de la LAU, ya que no todos están suspendidos pese a la magnitud de la crisis, la precariedad y la falta de alternativa habitacional adecuada y segura. No es suficiente, y además es terriblemente injusto, proteger únicamente a quienes han caído en vulnerabilidad como consecuencia del Covid‐19, y dejar fuera de la protección a los ya eran vulnerables antes del Covid‐19, ya que la pandemia ha empeorado necesariamente su situación anterior.

Durante nuestros 11 años de historia la PAH se ha caracterizado, no sólo por luchar contra la emergencia, sino por ser un movimiento propositivo porque sabemos que sólo cambiando las leyes a nivel estatal, autonómico y local podremos garantizar el derecho a la vivienda para todas. En el 2013 recogimos 1,5M de firmas para conseguir, entre otras peticiones, la dación en pago, sólo la mayoría absoluta del PP impidió su aprobación, en Cataluña hemos conseguido aprobar la ley 24/2015 la ley más garantista que existe en Europa ya que co responsabiliza al sector privado de las consecuencias de sus actividades y queremos que se extienda a todo el territorio ya que no es justo que sólo los catalanes tengan una mayor protección que el resto de ciudadanos. En otras comunidades hemos conseguido mejoras en leyes, protocolos o normas. Nuestras propuestas han demostrado que acabarían con la emergencia habitacional en España y sin embargo muchos de ustedes prefieren continuar escuchando a supuestos «expertos» que vuelven a ofrecer las mismas recetas que nos han llevado a esta situación insostenible. Son recetas que no miran por el bien común y por garantizar un derecho básico como la vivienda. Son expertos afines a quienes quieren ganar hasta el último € posible, aunque eso signifique dejar a familias, menores, enfermos, en la calle sin alternativa alguna.

Para que el Derecho a la Vivienda pueda llegar a ser un derecho ejercible para cualquier persona, se requieren medidas a corto plazo, que garanticen que las familias no pagan con sus casas o con sus Derechos el coste de la crisis, esas medidas, están contenidas en el documento de enmiendas que les hemos remitido, y en las que no me extenderé ahora puesto que ya las tienen, y pueden Vds. preguntar al respecto. Sólo voy a destacar dos:

  • El cumplimiento por parte de España de sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, en concreto del Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuya ratificación por parte de España aparece en el BOE del 30 de abril de 1977, y cuyo protocolo facultativo aparece ratificado en el BOE del 25 de febrero de El incumplimiento de este pacto, ha provocado desde 2017, que el Comité DESC de Naciones Unidas haya condenado a España 3 veces, por vulnerar el Derecho a la Vivienda.
  • El inicio de la creación del Parque Público de Vivienda, con las que obran a día de hoy en poder de la SAREB y de Bankia, entidades ambas con mayoría de capital público creada la una para sanear la banca, y rescatada la otra con 24.0000 millones. También con viviendas desocupadas en propiedad tanto de la banca rescatada, como de los fondos buitre, especuladores radicados en paraísos fiscales que gestionan sus viviendas en los paraísos fiscales nacionales que son las

También se requieren medidas a medio plazo: una ley estatal de vivienda, tras el bloqueo impuesto al trámite de la Ley de Vivienda de la PAH, que el Pleno del Congreso votó tomar en consideración el 18/9/18. Este ha sido hasta ahora el único intento de hacer una ley de estas características, y la trajo la PAH al Congreso. La futura ley debe establecer la condición de bien social de la vivienda, las garantías de acceso a la misma, la definición jurídica de “vivienda desocupada” que permita actuaciones en situaciones de necesidad, definir el Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y de carácter social, y las condiciones necesarias para que una vivienda pueda ser calificada de digna y adecuada, debe establecer obligaciones de las Administraciones Públicas para la creación del mismo prohibiendo expresamente la venta de viviendas públicas, estableciendo mecanismos que permitan la utilización temporal de viviendas desocupadas como parque público, así como medidas que permitan limitar los precios de los alquileres.

Hace falta establecer un mínimo vital en materia de suministros básicos y de telecomunicaciones, que garantice la permanencia en el servicio de familias en situación de vulnerabilidad.

Se debe reformar también la ley de crédito inmobiliario, dotándola de los estándares europeos en materia de los derechos de los consumidores reiterados en la jurisprudencia del TJUE, y estableciendo la dación en pago como forma de resolución de los contratos en casos de incapacidad sobrevenida, para hacer frente al pago, y la responsabilidad limitada para no endeudar a familias de por vida, lo que ha constituido la muerte civil de las mismas.

Es necesario también reformar la LAU, de forma que se garanticen precios justos, la estabilidad de los inquilinos, y se impidan las subidas especulativas de precios.

Desde la PAH, les proponemos a todos en general, y muy especialmente a quienes conforman la mayoría progresista de esta Cámara, una tregua consistente en acabar de una vez con las sucesivas prórrogas e iniciar de una vez el trámite como PL del RDL11/2020, ya que el próximo día 22 se inicia la cuenta atrás para los desahucios suspendidos y otras ayudas, y aprobar urgentemente nuestras enmiendas, para dar así un respiro a los cientos de miles de familias en situación actual de vulnerabilidad pre y post Covid‐19, y que seamos capaces de aprovechar el tiempo de esa tregua para afrontar las medidas de largo alcance que también les estamos proponiendo.

En la PAH estamos acostumbrados a que nos digan que no se pueden hacer ciertas cosas, pero al final, hemos demostrado muchas veces que ¡Sí se puede!

Madrid, 5 de junio de 2020

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