Vinculada a nuestra campaña Vivienda Por Derecho y haciendo hincapié a la situación actual provocada por la crisis sanitaria, retomamos las negociaciones con el Secretario General de Vivienda que se vieron truncadas por el confinamiento y el estado de alarma.
Hoy, miércoles 20 de mayo, hemos mantenido una reunión virtual con el Secretario General de Vivienda David Lucas. Nos habían convocado a mantener este encuentro el 16 de marzo, para dar continuidad a la campaña de Vivienda por Derecho que arrancamos en Febrero y de la cual ya habíamos recogido algunos frutos como la ampliación y mejora de la moratoria hipotecaria o el anuncio de una futura moratoria de los desahucios por alquiler.
Desde entonces la situación ha cambiado desfavorablemente y aumentado la emergencia habitacional. Son más necesarias que nunca medidas valientes para asegurar el bienestar de las familias y que no aumente el número de ellas que se vea forzada a perder su hogar ante una situación de crisis global.
En la reunión de hoy, tras un análisis de la situación y de cómo hemos llegado hasta aquí, hemos mostrado nuestro desacuerdo con los últimos decretos insuficientes y a las prácticas ineficaces, aprobadas para ayudar a las inquilinas y a las personas hipotecadas.
Hemos planteado nuestras enmiendas para la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley del RDL 11/2020 y salimos con el compromiso de una nueva reunión en junio para profundizar en ellas, tras reconocer la insuficiencia de los decretos aprobados hasta ahora. Enmiendas recogidas en un documento que ya hicimos llegar a todos los grupos parlamentarios, quedando por ver quien las defiende y quién no. O lo que es lo mismo, quien está del lado de las familias y quien. Nuestro objetivo es que no se repita lo sucedido en la crisis del 2008, que realmente no se deja a nadie atrás y que no sea la ciudadanía la que acabe pagando los efectos de la crisis sanitaria. Al tiempo que no se tomen medidas solo para las afectadas por la crisis actual y se tenga en cuenta a las familias que ya estaban en vulnerabilidad antes de la pandemia.
Nuestras enmiendas, que ya presentaremos en profundidad, se centran en:
- Exoneraciones del pago tanto de hipotecas como de alquileres hasta, como mínimo, el 31 de diciembre del 2021, para las familias en situación de vulnerabilidad. Diferenciando claramente entre pequeños propietarios, grandes propietarios −a partir de más de 5 viviendas − entidades financieras, socimis y fondos de inversión y entidades públicas.
- Suspensión de todos los desahucios de unidades de convivencia sin alternativa habitacional de forma indefinida o, como mínimo, hasta el 31 de diciembre del 2021 y establecimiento del juicio de proporcionalidad que viene reclamando a España el Comité DESC
- Extensión de las medidas a todas aquellas familias que están en situación de vulnerabilidad, provocada previa o durante la crisis sanitaria
- Reducción y modificación de requisitos que burocratizan el procedimiento y excluyen a muchas familias de la aplicación de las medidas
- Alargar el tiempo necesario la protección de las medidas para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, como mínimo hasta 31 diciembre del 2021, pudiendo adoptarse el criterio que permita objetivar la recuperación económica (como el aumento del PIB o del empleo)
- Obligar a la banca a revisar todas las solicitudes que hubieran sido denegadas por incumplir los anteriores requisitos. Tanto en materia de hipotecas como de alquileres, tendrán que ser revisadas por si cumplieran con los requisitos que aquí se incluyen.
- Parque público y función social de la Vivienda.- Desarrollo de medidas tendentes a la utilización como Parque Público Temporal de viviendas injustificadamente desocupadas en manos de grandes tenedores, como forma de corresponsabilidad social y compensación por el rescate anterior, para dar a la Vivienda el tratamiento que le corresponde como bien social, apartándola de ser un mero bien de consumo y especulación.
Estas enmiendas no dejan de ser una reafirmación de lo que llevamos exigiendo hace años. Medidas claras ante una situación a la que ya se podría haber puesto freno de haberse legislado nuestra ILP Hipotecaria de 2013 o la Ley Vivienda PAH que se vio truncada por la moción de censura al gobierno del PP. En este sentido también hemos hablado de una ley integral de vivienda. Somos conocedoras de que el PSOE tiene redactada una y hemos insistido en la necesidad de que la PAH podamos revisar e incidir en ese texto antes de su futuro registro.
El resultado de la reunión de hoy, podríamos valorarlo de positivo ya que hemos vista una clara predisposición a colaborar con nosotras y otras entidades sociales en el desarrollo para garantizar el Derecho a la vivienda. Hemos alcanzado el compromiso de mantener reuniones periódicas para la elaboración de una Ley de Vivienda, que debería entrar en vigor en esta legislatura, así como del próximo Plan Estatal de Vivienda y empezar a abordar cómo debe consolidarse el parque público teniendo en cuenta la vivienda vacía y en manos de SAREB.
Queda mucho trabajo por delante. Más cuando lamentablemente esta crisis ha vuelto a demostrar lo que la PAH lleva denunciando en sus 11 años de existencia: que la vivienda es un derecho humano y se debe garantizar su acceso a todos los ciudadanos. De no hacerlo seguiremos teniendo vidas en juego y de habernos escuchado antes se hubieran salvado vidas humanas, truncadas ante la desesperación de quedarse sin hogar.
Desde la PAH recogemos la mano tendida hoy, pero no dejaremos de denunciar la situación hasta que sea garantizada, como hemos hecho siempre. No vamos a permitir que se siga apoyando desde el Gobierno a la banca y fondos buitres a costa del sufrimiento de la ciudadanía a la que dicen representar. Seguiremos presionando y exigiendo que se incluyan nuestras propuestas para garantizar el derecho a la vivienda para todas. No queremos más parches de escaparate que sigan dejando a miles de familias en la miseria. Queremos cambios estructurales que reviertan la situación.
Mientras, seguiremos traduciendo a lenguaje humano las propuestas del Gobierno, visibilizando sus carencias y defendiéndonos ante ellas en nuestras asambleas, para proteger y apoyar a las familias. Hemos sido capaces de sobrevivir la última década y lo volveremos a hacer. Esta vez nos pilla organizadas, con la experiencia necesaria y con más motivos que nunca.
Porque si se puede no dejar a nadie atrás.
